El valor público se refiere al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. En una democracia, estos valores son definidos en última instancia por el público usuario. Los  valores determinado por las preferencias ciudadanas expresadas a través de una variedad de medios y reflejados a través de las decisiones de los políticos electos” Kelly y Muers(2003).

Las  organizaciones públicas   producen más valor cuando más garantizan la mayor y mejor vida de sus beneficiarios. Desde esta perspectiva, el valor puede ser definido como la satisfacción de necesidades humanas presentes y futuras asociadas a la vida mediante el esfuerzo humano organizado. Hay dos supuestos importantes en esta definición que, a pesar de su obviedad, no pueden dejar de mencionarse: el primero, que el valor es vida humana. El segundo, que no se agota en la satisfacción de las necesidades presentes sino que, además, es preciso que exista –ya en el propio presente- la posibilidad de satisfacer necesidades futuras. El valor entonces, no es sólo vida presente, sino también esperanza de vida: quien no tiene futuro no tiene sus necesidades humanas satisfechas, pues el futuro es una necesidad humana.

Los dos aspectos mencionados, sin embargo, no consideran aún la cuestión pública por excelencia, la equidad. No se trata sólo de la medida en la que las sociedades generen vida y oportunidades de vida para sus miembros, sino, también, la medida en que garanticen el derecho al acceso a esas oportunidades (es decir, la medida en que, en la satisfacción de las necesidades humanas, intervenga la condición ciudadana). El valor se torna valor público cuando incluye el ejercicio del derecho a la vida y a la esperanza de vida, es decir, el ejercicio de la libertad. El valor público, en consecuencia, presupone democracia.

Valor Publico que por definición busca de forma comprometida  un sistema que promueve un desarrollo eficaz, eficiente, equitativo y sostenible. Bajo esta perspectiva, se busca la creación de valor público por medio de su gestión, la que debe contribuir significativamente a cuatro fines o principios fundamentales:

• Reducción de la desigualdad

• Reducción de la pobreza

• Fortalecimiento de estados democráticos

• Fortalecimiento de ciudadanía